Lucila -nombre ficticio, historia real- no tiene más de 25 años. Es representante de 3 niños de una escuela de Fe y Alegría en el oriente del país. “Es muy joven”, me comentó la maestra. “Ella es la hermana mayor. A la madre la mató el esposo celoso hace dos años. Está en la cárcel y ella se hizo cargo de las pequeñas”. No es el único caso de orfandad a causa de la violencia, ya sea de género o de parte del hampa descontrolada que afecta, especialmente, a las comunidades populares. Todavía tengo en mi mente a los 7 niños que quedaron sin padre entre enero y febrero de este año en centros educativos de Fe y Alegría del Municipio Libertador.
Este tema nos está preocupando en la institución: los huérfanos por esta guerra no declarada, pero, que mata. No hablo de Siria. Recuerdo el caso de unas hermanitas que estudiaban 5to grado en una escuela parroquial en Ciudad Guayana. A su edad y en el transcurso de tres años habían perdido a su padre, muerto en un atraco y a su madre, asesinada por un enamorado celoso. Las adoptó la abuela. Una de ella me dijo que quería ser abogado, para poner preso al asesino de su madre, a quien conocía y sabía que estaba libre.
Estamos recogiendo datos para saber a cuánto asciende esta población en nuestros centros, porque sabemos que requieren atención especial. Hemos comenzado un plan de formación para acompañar a víctimas de la violencia con Médicos Sin Fronteras. Tanto Madres Promotoras de Paz como maestros y orientadores están asistiendo a un curso en Caracas, pero la idea es replicarlo en el interior del país. Necesitamos herramientas para ayudar a estos niños y niñas huérfanos, cuyo número sigue creciendo.
Hay otros huérfanos: los hijos de hombres y mujeres privados de libertad por diversos delitos. La verdad es que no había visto esta arista dentro de los nuevos problemas que los docentes debemos enfrentar, pero, me lo hizo notar la directora de un plantel que está cerca de un penal. Al preguntarle cuántos huérfanos por la violencia teníamos en su colegio, me preguntó si no entraban ahí los hijos de presas. También se quedan sin madre o sin padre y con un agravante: les da pena decirlo, esconden la situación. También ellos necesitan atención especial para crecer en resiliencia.
¿A dónde pueden acudir estos niños? Hay pocas opciones: ni los Barrio Adentro -los pocos módulos que quedan aún funcionando– ni los CDI cuentan con psicólogos o psiquiatras. En los hospitales donde existen servicios de Salud Mental están repletos y tampoco las Defensorías ni los Consejos de Protección suelen tener estos especialistas. En Venezuela no hay políticas públicas para proteger a los niños, niñas y adolescentes (NNA) de las secuelas de la violencia y el delito. Por eso en Fe y Alegría, con más de cien mil estudiantes menores de 18 años, nos vemos en la necesidad de buscar alternativas para extender una mano a estas víctimas. Acompañarlos adecuadamente es un paso, pero, tenemos también que hacer alianzas para que los casos más graves puedan recibir ayuda especializada. Y seguir insistiendo, junto a otros, en la exigencia para que se elaboren programas al servicio de todos los NNA que lo necesiten. Los que toman las decisiones en este país tienen que revisar las prioridades y los ciudadanos recordar cuáles deben ser esas prioridades: ¡los niños, niñas y adolescentes siempre primero!
