La educación es la suprema contribución al futuro de la humanidad puesto que tiene que contribuir a prevenir la violencia, la intolerancia, la pobreza, y la ignorancia. A todos nos conviene tener más y mejor educación y que los demás la tengan. En consecuencia, el derecho a la educación implica derecho de todos no a cualquier educación, sino a una educación integral de calidad. Una pobre educación para los pobres reproduce la pobreza y, en vez de contribuir a democratizar la sociedad, agudiza las diferencias y agiganta las desigualdades.
El Estado, que representa el interés común y ejerce un poder conferido por la sociedad, debe vigilar y garantizar que el derecho a la educación de calidad para todos y todas se cumpla en términos de equidad, lo que implica compensar las desventajas de los más pobres para que las diferencias de origen no se conviertan en desigualdades. Por eso, necesitamos un Estado eficiente y eficaz en el cumplimiento de los derechos esenciales de todos, en especial de los que cuentan con menos posibilidades y poder. El buen funcionamiento del Estado es condición para garantizar las políticas públicas y el disfrute por todos de los derechos esenciales. Un Estado ineficiente, que confunde proclamas con realidades y cantidad con calidad, que considera la crítica como traición, es una tragedia para todos, pero sobre todo para los más pobres.
El Estado no puede utilizar la educación para fines partidistas o para imponer una determinada ideología, ni decidir unilateralmente el uso de los recursos que pertenecen a todos, o premiar o castigar a los que siguen o no siguen sus políticas particulares. Los gobiernos no son dueños del presupuesto, sino meros administradores. Administración que deben realizar con eficiencia, equidad y transparencia, para garantizar a todos el disfrute de una educación integral de calidad. De ahí la necesidad de fomentar el papel de la sociedad como corresponsable con el Estado de la educación de calidad para todos y todas, y como veedora o contralora de sus derechos mediante unas políticas públicas honestas y eficientes, garantizando una gestión eficaz, eficiente y transparente, con estrecha vigilancia sobre la corrupción y sobre los políticos y burócratas que están para servir y no para servirse del Estado y de los ciudadanos que los eligieron.
De ahí que si bien me parece conveniente que, para garantizar la calidad, el Estado supervise la educación, también me parece necesario que la sociedad esté vigilante y se oponga a ciertos peligros o tentaciones del Estado de “privatizar” lo público en su propio beneficio, o en beneficio de los suyos.
Por todo ello, pienso que debemos avanzar de un Estado Docente a un Estado verdaderamente “Educador”, que garantice calidad educativa a todos, en especial a los más pobres, que apoye las iniciativas sociales a participar en la educación, que promueva el derecho de las familias a que sus hijos reciban una educación acorde con sus creencias en respeto a la pluralidad y a la diversidad, y que también de ejemplo de aquellos valores y actitudes que pregonan la Constitución y la Ley de Educación como son: democracia, participación, inclusión, honestidad, respeto, transparencia, tolerancia, diálogo, colaboración, justicia e igualdad.
