En el año dos mil, a la escuela de Fe y Alegría de El Dorado, en el Estado Bolívar, se le ordenó suspender actividades porque un peligroso delincuente se había escapado del penal. Se reflexionó lo adecuado de la medida, puesto que el plantel queda a una cuadra de la pista del pueblo. Alumnado y maestros corrían el riesgo de ser tomados como rehenes por los que fueran a recoger a su cómplice evadido. Fe y Alegría acató la orden de cerrar el local, pero se organizó de tal manera que durante 15 días hubo clase en casas de familias alrededor de la plaza de El Dorado. Nos resistíamos a dejar a los niños y niñas sin educación no se sabía por cuánto tiempo.
Hace unos 3 años en la comunidad de La Victoria –San Félix– tanto en la escuela de Fe y Alegría como en una nacional se suspendieron por dos días las actividades porque bandas armadas habían estado intercambiando disparos en la calle donde están ambos planteles. Los niños corrían peligro. Por la misma razón, el año pasado una escuela de la misma institución en Cagua dejó de dar clase un día e inmediatamente convocó a la comunidad educativa a ver cómo enfrentaban la situación. “Imposible estar en aula con niños escuchando a los motorizados armados rodear el colegio”, me comentó la directora. Tenía razón.
El mes pasado, en Puerto Ordaz, una escuela de Fe y Alegría no pudo dar clases porque la mitad del personal estaba con chikungunya. Conseguir suplentes para medio colegio no es fácil. Todo lo anterior es para subrayar que un día de clases sí importa. El derecho a la educación, contemplado en la CRVB (Art. 103), en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Art. 28), ratificado en la LOPNNA (Art. 53), no puede ser para un día sí y para el otro no. Es un derecho que debe ser garantizado siempre. Uno puede entender que se suspendan clases si los niños están en riesgo y si hay francamente imposibilidad de reunir a los estudiantes con sus maestros, como los casos anteriores, pero ¿es causa justificada dejar a los niños y niñas sin educación por unas elecciones? Ya hemos escrito antes sobre este tema, que estamos convencidos de que el derecho a la participación política –expresado entre otras acciones por el voto- no puede impedir el derecho a la educación de miles de niños, niñas y adolescentes. No lo creo necesario para elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados y presidentes, y menos para autoridades de un partido político.
El CNE es una autoridad en el país, debería saber que los derechos de los niños y adolescentes son prioridad absoluta (Artículo 78 de la CRBV y 7 de la LOPNNA); eso significa que en última instancia si hay conflicto prevalecen los derechos de los niños. Pero, además, ya hemos tenido bastantes procesos electorales; el CNE ya debería haber encontrado un procedimiento que hagan de las elecciones, a cualquier escala, una actividad normal que no interrumpa la vida de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Es necesario suspender clases desde el martes hasta el domingo porque un partido va a elegir sus autoridades? ¿No hay otra manera de realizar esa elección?
Hay que enseriar este país, hay que ser coherentes; por un lado el Ministerio del Poder Popular para la Educación dice estar apostando por la calidad educativa y por otro lado el otro poder da la orden de dejar sin clases por 4 días a miles de alumnos debido a un proceso interno de un partido. ¿Dónde está la prioridad?
Luisa Pernalete / Educadora
