Póngase en el lugar de María, coordinadora de una Casa Hogar en San Félix. Tiene 20 niños y adolescentes bajo su responsabilidad. Su equipo debe ocuparse de que convivan en paz, que tengan ropa limpia cada día y puedan ir a sus escuelas, además de garantizarles medicinas si se enferman y darles de comer tres veces al días, pues están internos. Son niños y adolescentes que vienen o de hogares de pobreza extrema, son casos de víctimas de violencia intrafamiliar o de diversas situaciones de riesgo; es decir, María no puede decirles que se vayan a sus casas y vuelvan mañana o pasado. La verdad es que, en estos momentos, no hay como dar de comer a esos muchachos. ¿Qué van a hacer?, ¿comprar con sobreprecio a los “bachaqueros”?, ¿poner a los niños a hacer cola para obtener un kilo de harina?, ¿pedir limosna en las calles?
¡Las Casas Hogar están en emergencia! Esto es un grito de angustia. Como la Casa “Miguel Magone” de Ciudad Guayana, están todas las Casas Hogar que se han creado desde iniciativas privadas como la Iglesia católica, o por diversas congregaciones religiosas y fundaciones preocupadas por niños en situación de abandono, incluso de empresarios conscientes de su responsabilidad social. En fin, sólo por existir deberían gozar de todo el apoyo de la sociedad y del Estado venezolano, puesto que su deber garantizar atención a esta población. Conviene recordar que la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, Niña y Adolescente en su artículo 3, numeral 2, dice que “los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar”. No está de más recordar también que la LOPNNA, en su artículo 30, señala que “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral” y, en ese mismo artículo en el literal “a”, habla de la “alimentación nutritiva y balanceada, en calidad y en cantidad.”
Según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo en Venezuela hay alrededor de 5000 niños, niñas y adolescentes en instituciones, no necesariamente por tener problema con la Ley, esa es sólo una categoría. Tenemos todos los casos antes mencionados: huérfanos, hijos de madres que están privadas de libertad…
El 80% de estas Casas Hogar son de iniciativa privada. Es cierto que estas instituciones nunca la han tenido fácil. Muchas nacieron con apoyo de lo que uno llama “la caridad pública”; el problema es que hoy, con la situación de escasez, con la inflación que se come cualquier presupuesto en el menor tiempo posible, con aportes insuficientes por parte del gobierno e incluso, a veces, inexistentes, estas Casas Hogar ya no saben cómo sobrevivir. Algunas han cerrado y otras están próximas a hacerlo. ¿A dónde irán esos muchachos? Sólo la Red de Casas “Don Bosco”, a la cual pertenece la “Miguel Magone”, tiene más de 250 internos repartidos en varias ciudades. Su contribución a la atención a esa población no se puede cuantificar.
En una reunión donde participaron representantes de varias de esas entidades de atención, realizada hace unos días, los responsables insistían que ellos no están buscando limosnas, ni regalos, lo que aspiran es que, en estos momentos de aguda escasez de alimentos y medicamentos así como de inflación creciente, el gobierno les facilite el acceso a esos alimentos, que autoricen que puedan comprar sin pasarse el día haciendo cola, que puedan comprar según sus necesidades –por mayor, sin ser bodegueros-, ¿esto será mucho pedir?
Los niños están pagando la cuenta de las malas políticas e incluso de ausencia de buenas políticas que permitan garantizarles la atención que necesitan. No se cansa uno de recordar que según nuestra Constitución y según la LOPNNA, los niños y niñas son prioridad absoluta (artículo 78 de la CRVB y el Art. 7 de la LOPNNA), lo que cual supone obligación de aportes del Estado en la elaboración y ejecución de políticas públicas -no operativos- con metas a corto, mediano y largo plazo, formación de personal, monitoreo, así como la asignación de recursos. Pienso entonces en lo que escuché y otras cosas más que pasan por mi mente y siento una rabia sana.
El año pasado, entre junio y julio, en reuniones de la Defensoría del Pueblo con miembros de la REDHNNA –Red de Defensa de los DDHH de Niños, Niñas y Adolescentes –se trató el asunto y el Defensor habló de un convenio con el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Por lo que sabemos, no ha ido más allá del diagnóstico. Cumpliría con su deber la Defensoría si acelera los pasos para hacer realidad dicho convenio.
Este no es un problema que puede esperar respuestas a largo plazo. Esos niños, niñas y adolescentes, bajo la responsabilidad de entidades y programas de atención, ¡necesitan ya esos alimentos y medicamentos! Es un tema que debe estar fuera de la diatriba política que nos polariza.
La REDHNNA, de la cual Fe y Alegría forma parte y en la que hacen vida varias de esas organizaciones, quiere llamar la atención sobre esta situación. Los niños, niñas y adolescente no pueden pagar esta cuenta.
