Cada 4 años, desde el 2006, los Estados miembros de la ONU se someten a un examen público en relación a sus compromisos en materia de DDHH, el cual se conoce como Examen Público Universal (EPU). Para esa revisión se toma como base informes de varias fuentes: de los propios gobiernos, para conocer cómo ellos evidencian sus obligaciones, pero también ONGs pueden enviar informes alternativos. El mismo día del examen otros países hacen observaciones y recomendaciones.
En el 2011 el Estado venezolano rindió su examen, al cual se le hicieron 148 observaciones, aceptó 97 y no aceptó 51. El pasado 1 de noviembre a Venezuela le correspondió rendir su examen de este año. El gobierno dice que “salió muy bien”, eso significa que una de dos: o no escucha “el clamor del pueblo” y, en consecuencia, no siente el sufrimiento de muchos venezolanos que están sufriendo, o no quiere ver; pero hay otros países que si están viendo problemas en DDHH y lo han manifestado en el EPU. Es lo que comentaremos a continuación.
Mauritania, Palestina y Turquía, por ejemplo, recomendaron al Estado venezolano, concluir el Plan Nacional de Acción en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. (subrayado mío). ¡Qué coincidencia! A las organizaciones que hacemos vida en la Red de Defensa de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes también nos preocupa eso y nos complacería que se hiciera. ¿Será que por no tener ese plan hay tanta incoherencia, falta de coordinación, acciones espasmódicas en esta materia? Eso es urgente. Y hay altos funcionarios que no lo ven.
Veamos la recomendación de otros países. Jamaica, Togo y Sudán del Sur insisten en el tema de la prevención y atención de los embarazos en adolescentes. No nos extraña esta observación, pues recuerden ustedes que Venezuela exhibe la tasa más alta de embarazos temprano en la región. Este es uno de los problemas que el Estado reconoce, pero ha sido ineficaz en abordarlo: carecemos de políticas públicas para atender a los y las adolescentes, mientras seguimos teniendo “niñas cuidando niñas”, como suele decir la maestra Yanitza. Solo para refrescar la memoria, entre nosotros la tasa de adolescentes embarazadas es de 101 por cada 1.000. ¡Muchos! ¡Casi 10 por cada 100! Ese número no baja. El Estado tiene que enseriarse.
Sigamos con lo que ven otros países. Canadá y Alemania se refirieron al problema de la escasez de comida para los NNA y a la necesidad de atender con medidas urgentes esta situación. ¡Huy! No voy a comenzar a contarles las últimas historias recogidas sobre el hambre, la disminución de talla y peso, las inasistencias de los pequeños en las escuelas por falta de comida, las angustias de las madres, la discriminación de los CLAP, proyecto bandera del gobierno. Todavía puede leer mi columna de la semana pasada. Canadá y Alemania lo ven, sin poner disfraces. ¿No debería verlo el Estado venezolano?
Para cuando escribo estas líneas, todavía la comisión formada por México, Nigeria y Kazasjtán no ha emitido su informe, pero para nosotros, los venezolanos, sabemos que Venezuela está en deuda con los DDHH, que por más discursos floridos y lobby que se haga, los niños, niñas y adolescentes no tienen garantizados sus derechos. ¿Qué hacemos para que el Estado lo vea?
Luisa Pernalete
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