Emisoras educativas fuera el aire por robo de equipos, escuelas populares robadas y niños hospitalizados sin posibilidad de tratamiento resumen una realidad: la de los ciudadanos indefensos. Sobre esa indefensión escribo a pesar de los derechos contemplados en la CRBV.
“No la vamos a poder entrevistar hoy, profe, la emisora está fuera del aire porque robaron unos cables”, me informó Adriana, periodista de la emisora de Fe y Alegría de Ciudad Guayana. Entonces pensé que el problema no era mi entrevista sino que, al ser una emisora educativa, miles de niños y niñas se quedaban sin sus clases por radio. Y eso si es un gran conflicto: niños y niñas de educación Inicial y Primaria sin educación.
Esto no es primera vez que sucede ni será la única. Se produce un robo, se hace la denuncia correspondiente, pero, a decir verdad, sin mucha fe en que se resuelva el caso y se recupere lo robado. Crece la sensación no sólo de inseguridad, sino también de orfandad, de indefensión de los ciudadanos. No es sólo la pandemia o la hiperinflación, los venezolanos también estamos en estado de vulnerabilidad frente a nuestros derechos fundamentales. Daremos un recorrido breve a casos cercanos; agregue usted otros que conozca.
Terminemos el tema de las emisoras educativas de Fe y Alegría afectadas por los robos en estos últimos meses, porque también la de El Tigre fue robada. Agreguemos las que tienen problemas para operar por causa de la electricidad que, si bien no tiene que ver con delincuencia, si tiene relación con la orfandad del ciudadano como sucede con la de Tumeremo y la de Ciudad Bolívar. Además, como ya dije, para Ciudad Guayana una radio educativa fuera del aire supone miles de niños que se quedarán sin el programa “La escuela en la radio”, la estrategia por la cual Fe y Alegría está educando a distancia en muchos municipios del país. Así se ve afectado el derecho a la educación.
Sigamos con el tema educativo, señalando las escuelas de Fe y Alegría robadas durante este año escolar. Pasemos revista en las distintas regiones: Miranda 2; Zulia 1; Andes 4 (más la oficina de coordinación en Mérida); 6 en Oriente (además de la oficina de coordinación); 2 en Central; una en Frontera; 4 en la región Guayana y en Caracas 4. Total: 24 centros educativos.
Robar una escuela, en la ubicación que sea, no es afectar al dueño o al responsable del plantel, sino a todos sus beneficiaros: los niños, niñas, adolescentes y las familias de la comunidad, pues las escuelas -hablo sobre todo por las de Fe y Alegría- suelen ofrecer otros servicios a los representantes y vecinos. También debemos recordar que se vulneran los derechos de NNA que, según nuestra legislación, son Prioridad Absoluta (Art. 70 de la CRBV y Art.7 de la LOPNNA). Las escuelas son protección para esta población y, claro, robadas suponen estudiantes desprotegidos, pues su derecho a la educación (arts.103 y 104 de la CRBV) se verá perjudicado.
En cuanto a la salud de NNA, el jueves 1 de julio, unos 12 jóvenes venezolanos, acompañados por Prepara Familia, CECODAP, Acción solidaria y la REDHNA denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la suspensión de tratamientos médicos y trasplantes en Venezuela. En informaciones difundidas por la REDHNA y por Fe y Alegría Noticias, entre otras instancias, explicando el impacto de la suspensión del programa de órganos de trasplantes de médula ósea en el país. . En la audiencia con la CIDH, expresaron “la desesperación de vivir con una condición de salud crítica, crisis hospitalaria, la angustia de sus familiares, la imposibilidad de tener esperanza de vida al recibir un trasplante de órgano” (www.radiofeyalegrianoticias.com). Hay que añadir que desde dicha suspensión se han dejado de realizar, aproximadamente, 960 trasplantes, de los cuales el 10% corresponden a pacientes del JM de los Ríos. Es necesario señalar que han fallecidos varios niños esperando por dichas operaciones, cuyas edades son para jugar, soñar, estudiar, pero no para morir.
El mes pasado, la parroquia católica Jesús de Nazaret, ubicada en La Carucireña, una urbanización de INAVI en la zona oeste de Barquisimeto, fue robada y no fue únicamente unos equipos de aire acondicionado, también se llevaron las medicinas de la botica comunitaria que, como se puede suponer, servían de ayuda a todos los vecinos de la comunidad. Recordemos que la Constitución, en su artículo 55, establece que “toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por la ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”. Agreguemos que la parroquia a la cual nos hemos referido es muy activa, tiene una relación estrecha con su entorno. Su párroco, Raúl Herrera sj, de paso un conocido defensor de DDHH, estaba indignado y con razón.
No olvidemos la indefensión de los ciudadanos que viven en zonas como la Cota 905 o La Vega en Caracas, que deben esconderse en sus casas por el problema de los intercambios de balas entre bandas delictivas y por los operativos.
Así podíamos seguir pasando revista de la indefensión de los ciudadanos en este país. No nos afecta solo el Covid, sin un plan conocido de vacunación; o la hiperinflación y la falta de combustible: la violencia delincuencial y la desprotección en salud para NNA, son igualmente ejemplos de esa indefensión.
Y ahora un consejo: no nos quedemos como si fuera “normal” lo que pasa. En La Carucireña el domingo, después del robo, los feligreses con su párroco a la cabeza, salieron a protestar frente al módulo policial. Prepara Familia y CECODAP han denunciado la suspensión de los trasplantes para los niños del JM de Los Ríos. Se han producido intentos de robos en distintas escuelas, donde los mismos vecinos se mueven y hacen huir a los ladrones… Hay que organizarse y expresar que se tienen derechos. ¡Los ciudadanos merecemos protección!
