En los últimos días se han publicado diversas noticias sobre asesinatos de niños. Hay informes del 2020 y de lo que va de este año que hablan de maltratos, abusos sexuales y casos de violencia doméstica contra niños, niños y adolescentes. No hay políticas integrales de protección a esta población de la cual somos responsables las familias, la sociedad y el Estado. Es una población indefensa. Requiere de acciones de todos los actores para ser protegida. Sobre este drama invisibilizado escribo.
Wilmer José tenía 5 años. Su error fue haber visto cuando su madre y su amante, Arturo López, de 19 años, tenían relaciones sexuales. Al notarlo, Arturo tomó un cuchillo de la cocina, atacó al pequeño y lo degolló. Su madre se vuelve cómplice y entregó su teléfono al victimario, para aparentar un robo. ¡Un niño de 5 años degollado por el amante de su madre, con su complicidad! ¡Qué crimen más horrible! Esto sucedió el 29 de mayo en Upata, estado Bolívar, según nota de la periodista Pableysa Ostos.
A los pocos días vemos en otra nota que, en el estado Miranda, una madre mató a su hija porque no tenía cómo mantenerla. ¡Una niña asesinada por su propia progenitora, aunque por otras razones! Uno supone el estado de desesperación, pero igual no se justifica ese hecho.
Cuando redacto estas líneas, leo en un Twitter -vía Caraota digital- que un abuelo y un padre fueron detenidos por abusar del hijo de 4 años. ¡Abuelo y padre abusando de un pequeño, sangre de su sangre!
La semana pasada, en La Vega un adolescente, inocente también, fue asesinado por una “bala perdida” en uno de esos tiroteos entre bandas, o entre funcionarios y bandas. En La Vega la situación últimamente es confusa.
Estoy refiriéndome a casos sucedidos con pocos días de diferencia. ¡Eso está pasando en Venezuela y las reacciones han sido mínimas! Tal vez no leyeron esas noticias o tal vez dieron la impresión de ser “otro suceso más”. El cambio de sede de la Copa América o las actuaciones de la Vinotinto parecen mucho más importantes que la vida de unos niños inocentes.
Si nos vamos al informe del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) publicado en el 2020, leemos que en ese año “las manifestaciones de violencia contra NNA han provocado muertes todas inadmisibles, todas injustificables. En algunos casos indigna por la saña, otros por la negligencia y desatención de cuidados y obligaciones impostergables. Son muertes y daños que el Estado ni siquiera contabiliza, son hechos que ocurren ante la indiferencia, ignorancia, la inacción, o más propiamente la parálisis de los organismos y servicios públicos que tienen la obligación de proteger a la población vulnerable.”
Luego el OVV ilustra con unos ejemplos esa crueldad como el caso de una mujer que, en un ataque de ira, golpeó al hijo de 7 años y lo estranguló para luego simular un suicidio; o el caso de la madre que golpeaba a la hija cuando lloraba pidiendo comida; además de otras situaciones de igual crueldad.
También CECODAP, en su último informe “Somos Noticia”, dice que de los casos atendidos por ellos entre abril del 2020 hasta abril de este año un 42,5 % estuvo relacionado con la violación al derecho a la integridad; añadiendo que 6 de cada 10 casos que remitieron al Sistema de Protección no recibieron respuesta efectiva del Estado. “No existe plan del Estado que garantice protección a los niños, niñas y adolescentes.”
De igual forma la REDHHNNA, esa red que agrupa a organizaciones que defienden y promueven los derechos de los NNA, también ha advertido sobre el incremento de la violencia doméstica y la falta de protección integral a esta población.
Según la LOPNNA, son tres los actores responsables de garantizar los derechos de los NNA: la familia, la sociedad y el Estado, el último garante, puesto que le corresponde tanto sancionar cuando se incumplen, como diseñar y aplicar políticas públicas, además de defender a esta población (Art. 4A, principio de corresponsabilidad). También dice la LOPNNA que los NNA tienen derecho a su integridad personal (Art. 32) y derecho al “buen trato” (Art. 32A)
Por lo anterior, dada la frecuencia de los casos y aunque los mismos no fueran tan frecuentes, una sola víctima merece atención y cuidado. Se deben realizar campañas para que las familias y la sociedad en general, sepan tratar a los NNA y puedan aplicar disciplina positiva, como esa que promueve CECODAP entre educadores, padres y madres.
En estos tiempos de pandemia, de cuarentena prolongada, se sabe que la angustia puede desatar emociones y tal vez no se tengan herramientas para administrar esas emociones, sin embargo eso no justifica el maltrato a los NNA y menos los asesinatos.
Los educadores, los medios de comunicación, los que utilizan redes sociales y, especialmente el Estado, tienen la obligación de desarrollar una campaña a favor de esta población tan golpeada.
Un niño asesinado no es un simple caso para la página de sucesos: es un niño menos que estaba en edad de jugar, cantar, no de morir violentamente. Nadie puede ser indiferente antes estos hechos.
