En las últimas semanas, los habitantes de la parroquia de La Vega, en el oeste de Caracas, se han visto afectados por la acción de bandas delictivas y diversos grupos policiales. Ellos tienen derecho a vivir en paz y actualmente ese derecho no lo tienen garantizado, situación que no es única en el país.
“Alejandro fue uno de los heridos en el operativo. Murió por una bala perdida. Era un buen muchacho, deportista, apreciado por sus vecinos. ” Eso lo comentó el día 17 de este mes el padre Alfredo Infante SJ, párroco de La Vega, en el programa “Vladimir a la 1”, en Globovisión.
Se refería el padre a las secuelas del más reciente operativo de la Policía Nacional Bolivariana en esa parroquia. Alejandro fue una víctima inocente, al igual que una enfermera. También en las zonas vecinas, hubo heridos. Parece una guerra no declarada, donde la población civil desarmada se encuentra indefensa entre dos fuegos: por un lado las bandas de delincuentes (muy bien armadas, por cierto) y por el otro, las autoridades. No se sabe exactamente cuál plan tendrán para garantizar la seguridad ciudadana.
No es fácil vivir así, en zozobra permanente, con miedo a todo: circular para hacer lo mínimo como buscar agua o ir al trabajo; con temor a las acciones de ambos bandos. Según algunas denuncias, los uniformados realizan allanamientos que, se presume, no siempre son legales. Se habla de detenciones arbitrarias.
Según nuestra Constitución, los venezolanos tenemos derecho al libre tránsito (Art. 50), también tenemos derecho a que se respete la integridad física (Art. 46) y no olvidemos que el derecho a la vida es inviolable (Art. 43). Pero ninguno de esos derechos está garantizado cuando se vive entre balas.
Imagine usted el escenario: varios operativos policiales en lo que va del año. En enero hubo varias víctimas mortales, en un operativo llevado a cabo por las FAES: ¡más de 20 muertes por supuesta “resistencia a la autoridad”! Esto lo recuerda el comunicado de COFAVIC, del 16/06/21. En el operativo reciente, participaron 1420 funcionarios y hubo, según información oficial, 38 detenciones. ¡1420 funcionarios recorriendo la comunidad! ¿Quién podía sentirse a salvo con el antecedente de enero?
Hay que pensar en las madres y en las abuelas, cuidando a sus hijos y nietos. ¡Cuánto miedo en las familias! No es de extrañar que se estén dando desplazamientos forzosos de vecinos, obligados por la situación de terror y el peligro inminente de caer por alguna bala, que se suelen calificar de “perdidas”, pero yo digo que cada una de ellas busca una víctima. ¡Cuánto será el miedo que sienten al extremo de estar abandonando sus casas!
Cito de nuevo al padre Infante, cuando dice que la situación de La Vega no es exclusiva de ese sector. Hay muchas comunidades en el país que también están viviendo en medio de una guerra no declarada, pero, con víctimas inocentes. En un noticiero en la televisión los vecinos pidieron la mediación de la Cruz Roja. ¡Cómo en esos lugares donde hay conflictos bélicos abiertos!
Los venezolanos estamos muy indefensos. ¿A quién acudir? Hay un desamparo institucional, a pesar de que la Constitución establece en su artículo 3 que: “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.”
Los venezolanos queremos y merecemos vivir en paz. Tenemos derecho a vivir en paz. Ya bastante angustia tenemos con la pandemia y la emergencia humanitaria compleja, para que no podamos ni siquiera caminar con seguridad por donde vivimos.
Los ciudadanos debemos cumplir nuestros deberes como tal, pero se supone que el monopolio de las armas lo tiene el Estado. La defensa de los ciudadanos le corresponde al Estado.
Suscribimos peticiones que COFAVIC hace a las autoridades en su citado comunicado el 16 de junio. Solicitan, entre otras cosas: “Adoptar de manera inmediata las medidas de protección más apropiadas para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de la totalidad de las víctimas, testigos y sobrevivientes. Así como proteger la integridad de las personas civiles de La Vega y zonas contiguas, que durante el desarrollo de estos operativos de seguridad ciudadana se han visto afectados de manera directa e indirecta.” Igualmente piden la revisión de los procedimientos especiales de seguridad ciudadana que están desarrollando, los cuales han dejado un saldo lamentable de violaciones a los derechos humanos, especialmente en zonas populares. Finalmente, en el XII Encuentro de Constructores de paz, organizado por la Red de Acción Social de la lglesia, el pasado 28 de mayo, teníamos como lema “Entendernos porque somos hermanos”. Los venezolanos necesitamos entendernos. Los 120 mil habitantes de La Vega son nuestros hermanos, necesitan protección, seguridad. Su suerte no puede sernos ajena y, como cristianos, recordemos que son “Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque esos serán llamados hijos de Dios.” De manera que trabajar por la paz es una obligación para nosotros.
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